La Contraloría General de la República (CGR) ordenó abrir una investigación especial tras detectarse un explosivo aumento en los dineros recibidos por la ONG Trekan, bajo el actual gobierno.
La decisión del órgano de control se da a raíz de una denuncia de la diputada Paula Labra (RN) y luego de que BBCL Investiga develara que la organización —cuyo director es hermano de un conocido asesor del Frente Amplio en la región de Valparaíso— ha percibido más de 6 mil millones desde arcas gubernamentales durante la actual administración.
Si se consideran los datos del Registro Central de Colaboradores del Estado, la ONG suscribió acuerdos por $507 millones y $394 millones en 2020 y 2021. Significativamente menos que los $874 millones, $1.582 millones y $1.965 millones de los convenios en los años siguientes.
Los principales socios
El SernamEG ha sido el principal socio de Trekan. Sólo en la actual administración, el servicio ha aportado $2.200 millones a la organización, principalmente por iniciativas relacionadas con la violencia hacia las mujeres.
Previamente, sin embargo, ya habían trabajado juntos: en los años previos estos acuerdos habían alcanzado los $948 millones.
“Todos los servicios han sido licitados, es decir, las contrataciones no se hacen a dedo, sino a través de un concurso público con distintos oferentes en donde se entregan opciones”, defendió la ministra Orellana tras la primera publicación de este medio.
En términos monetarios, la Subsecretaría de la Niñez aparece también como un socio fuerte, con $998 millones entregados a la organización, al igual que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MIDESO), con $689 millones.
Respecto de esta última repartición gubernamental, la denuncia levanta suspicacias. En diciembre de 2022, el organismo declaró desierta una licitación para el “Plan Habitabilidad 2022” en Punta Arenas. ¿La razón? Ningún postulante obtuvo puntaje mayor a 4, que era un requisito de admisibilidad. ONG Trekan compitió, pero alcanzó 3,05 puntos.
Al no poder obtener los recursos por la vía del concurso público, reza la denuncia, el organismo se adjudicó el proyecto de todos modos, a través de un trato directo.
“Buena noticia”
Así las cosas, la Contraloría —a través de un oficio— informó que dichos traspasos serán “objeto de una investigación especial por parte de la División de Fiscalización de esta Contraloría General”.
La apertura de la indagatoria fue catalogada por Paula Labra como “una buena noticia”. “Es perfectamente plausible que el caso de esta ONG se transforme en un nuevo caso convenios”, dijo.
En esa línea llamó a no ignorarse “los importantes vínculos políticos del hermano del director de la ONG, quien es un activo colaborador de campañas políticas del Frente Amplio.
Precisamente, en su denuncia la congresista cuestionó que el presidente del directorio sea el asistente social Jonatán Fuentealba, hermano de Isaac Fuentealba, exasesor de Jaime Bassa en la Convención Constitucional y excandidato a concejal por el Frente Amplio en Viña del Mar.
Consultados para el primer artículo de este medio, desde la ONG descartaron cualquier irregularidad. Asimismo, indicaron que Isaac Fuentealba no es ni ha sido parte de la ONG y que “ni Jonatán Fuentealba ni ninguno de sus directores tiene militancia política”.
Una vez finalizada la investigación especial —aseguró la Contraloría— sus resultados “serán comunicados oportunamente y publicados en el sitio web institucional”.
