La iniciativa obtuvo 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, permitiendo que el proyecto continúe avanzando en su tramitación parlamentaria. (Foto: Cámara de Diputadas y Diputados)
La denominada Ley de Reconstrucción Nacional, considerada una de las principales apuestas económicas del gobierno del Presidente José Antonio Kast, logró este jueves superar su primera gran prueba legislativa tras ser aprobada en general por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La iniciativa obtuvo 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, permitiendo que el proyecto continúe avanzando en su tramitación parlamentaria en medio de un escenario político cada vez más tensionado por las advertencias técnicas del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y las diferencias surgidas entre el ejecutivo y el Partido de la Gente (PDG).
La única abstención correspondió precisamente a la diputada del PDG, Zandra Parisi, en una señal que reflejó las dudas que mantiene la colectividad tras el quiebre de las negociaciones con el gobierno. En tanto, los votos en contra provinieron de parlamentarios oficialistas y de centroizquierda: Bianchi (IND-PPD), Brito (FA), Barrera (PC) y Castillo (DC).
Por su parte, los votos favorables fueron emitidos por diputados de Chile Vamos, Republicanos y sectores afines al ejecutivo: Coloma (UDI), Durán (RN), Karlezi (PNL), Ross (REP), Weisse (UDI), Meza (REP), Schalper (RN) y el presidente de la comisión, el diputado Romero (REP).
La sesión estuvo marcada además por intensos intercambios políticos y alusiones al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, así como referencias a la histórica colusión de los pollos, tema mencionado por parlamentarios como Barrera y Daniel Manouchehri durante el debate.
Cuestionamientos
Con la aprobación en general, ahora comienza la discusión en particular del proyecto, etapa considerada la más compleja debido a que cada una de las medidas deberá ser analizada y votada individualmente. Entre los aspectos más controvertidos aparecen el financiamiento de las medidas, la reducción de impuestos a las empresas y los efectos fiscales de largo plazo.
Precisamente, el informe emitido recientemente por el Consejo Fiscal Autónomo ha instalado una fuerte presión sobre el debate legislativo. El organismo técnico advirtió que el proyecto podría mantener déficits fiscales al menos hasta el año 2031 y sostuvo que parte importante de la viabilidad financiera de la propuesta depende de proyecciones de crecimiento económico que podrían no concretarse.
Además, el CFA planteó que varias de las medidas incluidas en el plan generan costos inmediatos para el Estado, mientras que los eventuales beneficios económicos se producirían de manera gradual y con altos niveles de incertidumbre.
Uso de decretos
A pesar de estas advertencias, el gobierno ha mantenido una férrea defensa de la iniciativa. Durante el seminario “Hoja de Ruta 2026-2030. Impacto del Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional”, organizado por Clapes UC, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reiteró que la administración de Kast seguirá impulsando su agenda económica incluso si el proyecto enfrenta dificultades legislativas.
“Me preguntaron qué pasa si la ley no se pasa. Bueno, vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos”, afirmó el secretario de Estado.
La frase generó inmediatas reacciones políticas, ya que fue interpretada por algunos sectores como una señal de que el ejecutivo podría intentar avanzar mediante herramientas administrativas si la reforma pierde apoyo en el Congreso.
Quiroz defendió además la necesidad de impulsar cambios estructurales para enfrentar el bajo crecimiento económico, el déficit fiscal y el aumento del desempleo.
“Es un error siempre decir que todo depende de esto y, si al final eso no funciona, entonces se acabó el discurso, se acabó todo”, sostuvo el ministro, agregando que el país necesita abandonar fórmulas económicas que, a su juicio, no han dado resultados.
“Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes”, insistió.
En el seminario también participó el exministro de Hacienda Felipe Larraín, quien respaldó parte importante del proyecto y sostuvo que la propuesta podría entregar “un poderoso empuje” a la economía mediante incentivos tributarios, mayor certeza jurídica y agilización de inversiones.
Sin embargo, el economista también reconoció la necesidad de introducir ajustes al texto para responder a las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo y facilitar su aprobación política.
“A pocos meses, los que ignoraban las recomendaciones del CFA, hoy piden seguirlas al pie de la letra”, comentó Larraín, aunque añadió que “algunas medidas de prudencia podrían ser bienvenidas para avanzar en el debate legislativo”.
Negociación con el PDG
En paralelo, el ejecutivo continúa intentando recomponer las relaciones con el Partido de la Gente, luego de que la colectividad acusara incumplimientos de compromisos alcanzados durante las negociaciones previas.
El PDG cuestionó principalmente la ausencia de medidas orientadas a beneficiar directamente a la clase media, como la devolución del IVA en medicamentos y pañales, además de ayudas más universales para sectores medios.
Pese al distanciamiento, el líder del partido, Franco Parisi, reconoció haber sostenido conversaciones con el ministro Quiroz y dejó abierta la posibilidad de seguir negociando durante la discusión en particular.
Así, mientras el gobierno celebra el primer avance de la megarreforma, el verdadero desafío recién comienza: conseguir los votos necesarios para sostener una iniciativa que sigue dividiendo al mundo político y económico.
