Con la captura del sexto y último involucrado en la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en el sector de Catemito, en la comuna de San Bernardo, el foco del caso comenzó a trasladarse hacia las penas que podrían enfrentar los imputados si son condenados.
Los seis acusados ya fueron formalizados. Los cuatro primeros quedaron en prisión preventiva o internación provisoria, mientras que los dos últimos detenidos —de 18 y 23 años— también fueron enviados a prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.
El caso generó un amplio debate luego de que el Presidente José Antonio Kast manifestara que esperaba que los responsables fueran condenados «a prisión por el resto de sus vidas». Sin embargo, especialistas en derecho penal advierten que ese escenario no necesariamente es posible, especialmente porque dos de los imputados son menores de edad.
De acuerdo con los antecedentes conocidos hasta ahora, la principal figura penal que podría configurarse es la de robo con homicidio, delito contemplado en el artículo 433 del Código Penal.
La académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, explicó a Radio Bio Bio que este ilícito contempla penas que van desde presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo calificado.
En la práctica, ello implica sanciones que parten en 15 años y un día de cárcel y pueden llegar al presidio perpetuo calificado, modalidad que permite revisar una eventual solicitud de libertad condicional solo después de cumplir 40 años de condena.
No obstante, el académico de Derecho Penal de la Universidad de Chile, Luis Emilio Rojas, precisó que ese marco penal dependerá de la calificación jurídica que finalmente realice el tribunal.
Uno de los aspectos clave será determinar si existió dolo respecto de la muerte del menor, es decir, si los imputados previeron el riesgo de provocar el fallecimiento de la víctima y, pese a ello, continuaron con su actuar.
Si el tribunal concluye que no existió esa intención, los hechos podrían calificarse como un concurso de delitos, sancionándose por separado el robo y el homicidio culposo. En ese escenario, la pena más alta para los adultos fluctuaría entre 15 años y un día y 20 años de presidio.
Rojas añadió que la eventual acreditación de otros delitos atribuidos al grupo, como un robo cometido previamente en un servicentro, también podría influir en la pena definitiva al permitir un aumento de la sanción.
El caso de los menores
La situación cambia para los dos imputados adolescentes, quienes se encuentran sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Según explicó Castillo, la normativa establece límites máximos de privación de libertad según la edad del condenado. Los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden recibir hasta 5 años de internación, mientras que quienes tienen entre 16 y 18 años arriesgan un máximo de 10 años en recintos especializados.
A ello se suma que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile, prohíbe aplicar penas de prisión perpetua a personas que hayan cometido delitos siendo menores de 18 años.
Respecto de qué ocurre cuando un condenado adolescente alcanza la mayoría de edad, la legislación establece que un eventual traslado a un recinto para adultos no es automático. Si al cumplir 18 años le restan menos de seis meses de condena, permanece en el mismo establecimiento. Si el tiempo pendiente es superior, un juez deberá resolver, previo informe técnico, si corresponde mantenerlo en un centro especializado o disponer su traslado, siempre resguardando su separación de la población penal adulta.
