El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León y su exasesor, Arnaldo Domínguez, tras extensas jornadas de formalización.
Durante la audiencia, el juez Daniel Urrutia dio por acreditados todos los delitos imputados contra Lavín León, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado.
En el caso de Domínguez, también se le imputaron cohecho, delito electoral y delito tributario.
“…Atendida la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes que exceden el presidio mayor en su grado mínimo(…) La libertad de los imputados se considera un peligro para la sociedad y se decreta a su respecto su prisión preventiva”, concluyó Urrutia.
El tribunal otorgó 90 días de plazo para la investigación. Lavín León salió esposado del tribunal.
Perjuicio fiscal de $104 millones
Según el Ministerio Público, el eventual perjuicio fiscal asciende a $104 millones, en una causa que apunta a la existencia de un mecanismo destinado a desviar recursos públicos con fines personales y electorales. La defensa, en tanto, descarta los cargos y atribuye las irregularidades a errores administrativos.
Tal como reveló BBCL Investiga, el parlamentario —según la indagatoria— también obtuvo financiamiento de dineros públicos del Congreso para pagar una deuda personal que mantenía con la imprenta MMG. Se trata de una empresa con sede en Santiago Centro que prestaba servicios a una cantidad no despreciable de candidatos gremialistas.
“Esa imprenta era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña”, atestiguó uno de los brigadistas relacionados a Lavín.
El problema fue que para fines de 2021, el diputado no había pagado sus obligaciones derivadas, principalmente, de las campañas de constituyentes y de concejales afines a él. Aquí aparecen, entre otros nombres, figuras mediáticas como Miguelo u Horacio Saavedra.
“Recuerdo haber realizado flyers para constituyentes a solicitud de Joaquín Lavín (…) Como no obtuvimos una respuesta sobre el pago de los servicios adeudados relacionados a la campaña política, que ascendía a la suma de $8.802.430 les comunicamos que los íbamos a demandar”, reconoció el dueño de la imprenta ante la fiscal Encina.
Fue así como —para saldar esa deuda— Lavín León comenzó a rendir facturas falsas ante el Congreso, por supuestos “gastos operacionales” que en la práctica nunca existieron, detallan documentos judiciales.
Joaquín Lavín León a prisión
Lavín León —quien representó la renovación de uno de los apellidos más influyentes de la centroderecha— enfrentó días negros ya sin fuero parlamentario y fuera de la UDI, luego de renunciar al partido.
La formalización marca un punto clave en una investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, cuya carpeta reúne antecedentes que, según los persecutores, no responden a un hecho aislado, sino a una estructura orientada a la utilización indebida de fondos públicos.
La fiscal Constanza Encina había pedido la medida cautelar más gravosa para el otrora parlamentario, al igual que para quien fuera su asesor de confianza, Arnaldo Domínguez, también imputado en la causa. Lo mismo hizo el Consejo de Defensa del Estado.
