La ofensiva de Trump vuelve a desafiar al libre comercio, esta vez, contra Chile y otras economías. (Foto: Cedida)
Una nueva controversia comercial se abrió entre Chile y Estados Unidos luego que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) recomendara la aplicación de nuevos aranceles a productos provenientes de 60 economías, entre ellas Chile, argumentando una insuficiente acción para impedir el ingreso de bienes elaborados mediante «trabajo forzoso».
La medida, que aún se encuentra en etapa de consulta pública y análisis, contempla para Chile un gravamen de 12,5%, superior al arancel temporal de 10% que actualmente rige para diversos productos tras las modificaciones introducidas por la administración de Donald Trump luego de que la Corte Suprema estadounidense invalidara parte importante de los gravámenes anunciados durante el denominado “Día de la Liberación”.
La investigación que dio origen a esta propuesta fue iniciada en marzo y evaluó las políticas de distintos socios comerciales de Estados Unidos respecto de la prevención y fiscalización del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales.
En su informe, la USTR sostiene que Chile integra un grupo de 54 economías que no han logrado imponer o hacer cumplir de manera efectiva prohibiciones a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
“Los resultados de la investigación indican que los actos, políticas y prácticas de Chile relacionadas con la imposición y aplicación efectiva de una prohibición de importación de trabajo forzoso son irrazonables y constituyen una carga o restricción para el comercio estadounidense”, señala el documento.
La oficina estadounidense fundamenta su posición en la Sección 307 de la Ley de Comercio de 1930, que define el trabajo forzoso como toda labor o servicio exigido bajo amenaza de sanción y que no es realizado de manera voluntaria. Según el organismo, la eliminación de estas prácticas constituye un imperativo moral y económico para el comercio internacional.
La propuesta también alcanza a otros países de América, Europa y Asia. Asimismo, cuestiona a Canadá, Ecuador, México, Indonesia, Pakistán y la Unión Europea por supuestas falencias en la aplicación de mecanismos destinados a impedir el ingreso de productos vinculados al trabajo forzoso.
Del total de economías observadas, la USTR recomienda aplicar un gravamen de 12,5% a 46 países, mientras que otros 14 socios comerciales enfrentarían una tasa de 10%, considerando que cuentan con sistemas parciales o compromisos internacionales destinados a combatir este tipo de prácticas.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, defendió la iniciativa señalando que la falta de acción de diversos socios comerciales genera condiciones de competencia desiguales para los trabajadores estadounidenses.
“La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable”, afirmó.
No existe una decisión definitiva
Tras conocerse la recomendación, el gobierno chileno buscó transmitir tranquilidad, enfatizando que no se trata de una medida definitiva ni vinculante.
El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó que la propuesta se encuentra actualmente en una etapa de consultas y que Chile ha participado activamente en todas las instancias contempladas por la investigación.
“Nuestro país ha participado activamente de todos los procesos y continuará desplegado en las conversaciones con las contrapartes respectivas, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones posibles”, sostuvo.
La autoridad recordó además que el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos permanece plenamente vigente y que continúan los canales de diálogo entre ambos gobiernos.
En la misma línea, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) señalaron que la Cancillería trabajó coordinadamente con los ministerios de Hacienda y del Trabajo para responder a los requerimientos de la investigación, en concordancia con los estándares promovidos por la Organización Internacional del Trabajo.
Expertos prevén impacto limitado
Aunque la propuesta ha generado preocupación en algunos sectores productivos, especialistas estiman que su impacto podría ser relativamente acotado.
El economista sénior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, sostuvo que la diferencia respecto del arancel temporal actualmente vigente es marginal y recordó que el cobre, principal producto de exportación chileno hacia Estados Unidos, no se encuentra afectado por estas medidas.
Por su parte, la economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, interpretó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia de la administración Trump destinada a reforzar la posición económica estadounidense y fortalecer el valor del dólar frente a otras economías.
Sin embargo, algunos sectores exportadores observan el escenario con inquietud. Uno de ellos es la industria salmonera, que tiene en Estados Unidos su principal mercado.
El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, advirtió que un eventual incremento arancelario podría afectar la competitividad del sector y profundizar los efectos derivados de las barreras comerciales ya existentes.
Durante 2025, los salmones refrigerados y congelados se ubicaron como la segunda exportación chilena más importante hacia Estados Unidos, con envíos por US$2.542 millones. Solo fueron superados por el cobre refinado, que alcanzó exportaciones por US$8.628 millones.
Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, Chile apuesta a revertir la recomendación antes de que se transforme en una medida efectiva, evitando así un nuevo foco de tensión comercial con uno de sus principales socios económicos.
