El proceso analizó más de 913 millones de datos y permitió detectar errores, inconsistencias y debilidades estructurales de control entre otros problemas. (Foto: Cedida)
El gobierno informó este lunes la detección de alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones correspondientes al período 2022-2026, en el marco de una auditoría masiva realizada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) sobre más de 500 servicios públicos del país.
El proceso analizó más de 913 millones de datos y permitió detectar errores, inconsistencias, debilidades estructurales de control, mala gestión e incluso antecedentes que podrían derivar en irregularidades o hechos de relevancia penal.
La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, explicó que la revisión reveló situaciones de alta preocupación fiscal y administrativa, por lo que se instruyó abrir investigaciones en cuatro organismos públicos: la JUNAEB, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).
Entre las principales observaciones detectadas se encuentran rendiciones insuficientes respecto de los recursos entregados, entidades receptoras de fondos públicos sin inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado, compras ágiles reiteradas a un mismo proveedor en una misma jornada, hitos contractuales incumplidos y subejecuciones presupuestarias superiores al 30%.
La auditoría también detectó pagos postergados por US$3.200 millones, cifra equivalente aproximadamente al 1% del PIB nacional.
Dentro de los programas afectados figuran US$268 millones destinados a cerca de 10 mil pymes proveedoras del Estado, US$400 millones asociados a gratuidad universitaria, US$650 millones correspondientes a la JUNAEB y otros US$1.000 millones vinculados a proveedores de atención de salud.
Otro de los focos de preocupación fueron los US$3.170 millones ejecutados mediante trato directo o compra ágil en situaciones donde, según el informe, existían condiciones para haber realizado licitaciones públicas. El costo estimado de estas operaciones cuestionadas asciende a unos US$760 millones.
Entre los organismos con mayores montos observados aparece la CENABAST con US$700 millones, seguida del Registro Civil con US$350 millones y el Servicio de Salud Sur con US$56 millones.
Asimismo, la revisión identificó altos niveles de concentración de compras ágiles en hospitales públicos, entre ellos el Hospital Clínico Metropolitano La Florida, el hospital de Puerto Montt, el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Hospital Regional de Iquique.
Finalmente, el informe reveló que existen alrededor de US$150 millones pendientes de recuperación asociados a subsidios por licencias médicas.
