En medio del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo, diputados oficialistas solicitaron excluir a ministerios considerados “clave” para la ciudadanía del recorte presupuestario del 3% instruido por el Ministerio de Hacienda.
La medida forma parte de una política de austeridad del Gobierno que busca reducir el gasto público en todas las carteras. Sin embargo, desde el Congreso han surgido reparos respecto del impacto que este ajuste podría tener en áreas sensibles.
En ese contexto, parlamentarios han planteado que sectores como Salud y Educación no debiesen ser incluidos en la reducción de recursos, considerando su rol en la provisión de servicios esenciales y el escenario actual que enfrentan ambas áreas.
La discusión se intensifica luego de que el Ejecutivo confirmara que el Ministerio de Seguridad Pública quedará excluido del recorte, lo que abrió el debate sobre eventuales excepciones en otras carteras estratégicas.
De acuerdo con lo señalado por el propio Gobierno, la aplicación del ajuste podría evaluarse caso a caso, lo que ha sido interpretado por parlamentarios como una señal de flexibilidad frente a las presiones políticas y sociales.
Desde el oficialismo advierten que una reducción de recursos en ministerios sociales podría afectar directamente la calidad de vida de la población, especialmente en áreas donde ya existen brechas estructurales, como listas de espera en salud o financiamiento educativo.
Así, el debate por el recorte presupuestario continúa escalando en el Congreso, donde se anticipa que las próximas semanas serán clave para definir el alcance real de la medida y las eventuales excepciones que el Ejecutivo esté dispuesto a conceder.
