La Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga, por eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias y otros ilícitos, tras una solicitud presentada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini ante el Ministerio Público.
Según información de Radio Bío Bío, los antecedentes entregados por los parlamentarios fueron derivados a la Fiscalía Regional de Los Lagos, que quedó a cargo de iniciar las diligencias investigativas. La denuncia apunta a un eventual vínculo entre la empresa Andes Iron, titular del proyecto Dominga, y pagos superiores a 250 millones de pesos al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, cuyos abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas se encuentran actualmente formalizados en la denominada arista Bielorrusa del caso Audio.
De acuerdo con un reportaje de Reportea, entre marzo y diciembre de 2023 dicho estudio habría recibido 10 transferencias desde Andes Iron, sin que los abogados figuraran como representantes de la minera en causas judiciales. Estos pagos coincidirían con el período en que el proyecto Dominga era revisado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, instancia que finalmente aprobó la iniciativa, fallo que posteriormente fue ratificado por la Corte Suprema. La empresa señaló previamente que los montos correspondían a un informe de seguimiento judicial.
DECLARACIÓN DE ANDES IRON
Frente a esta situación, Andes Iron emitió una declaración pública en la que rechazó categóricamente las acusaciones y cuestionó el origen de la investigación.
“Una vez más nos vemos expuestos a una investigación penal originada en publicaciones de ciertos medios, las cuales sistemáticamente resultan ser totalmente tendenciosas, inexactas y completamente descontextualizadas, y que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de sustento. En todas las investigaciones previas, nuestra empresa ha sido sobreseída”, señala el documento.
Asimismo, la minera sostuvo que los hechos denunciados “no configuran delito alguno” y “son una maniobra comunicacional y política de los detractores del proyecto Dominga para obstaculizar su próxima puesta en marcha”.
Respecto de la relación contractual con el estudio jurídico cuestionado, la empresa aclaró que la contratación se realizó hace casi tres años, por un período limitado y en un contexto distinto al actual.
“Se les encargó la realización de análisis jurídicos y de contexto legal y no contempló labores de representación ni gestiones de lobby judicial, quedando claramente establecido en el contrato que se debían cumplir las exigencias del Modelo de Prevención de Delito de Andes Iron SpA. y la Ley N° 20.393. Ciertamente al día de hoy, y con las noticias que hoy se conocen, no los habríamos contratado”, manifiestan en el documento.
Finalmente, Andes Iron afirmó que se puso a disposición del Ministerio Público, comprometiendo la entrega de todos los antecedentes e información que sean requeridos, con el objetivo de colaborar y propiciar el pronto cierre de la investigación.
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