En los últimos días hemos conocido un acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la empresa WOM, que implica que esta compañía pague solo una fracción de las boletas de garantía que debía al Estado por incumplimientos en el despliegue del 5G. De cerca de 50 millones de dólares comprometidos, apenas se cobraría un tercio.
Lo que en el papel parece un “avenimiento jurídico”, en la práctica significa un perjuicio para el patrimonio fiscal de todos los chilenos. Porque esas garantías no eran simbólicas: eran el resguardo de que la empresa cumpliera con conectar cientos de comunas y hospitales, muchos de ellos en sectores rurales que hoy siguen esperando.
Las bases del concurso 5G establecieron expresamente que las boletas debían cobrarse íntegramente ante cualquier incumplimiento, sin posibilidad de proporcionalidad ni negociaciones posteriores. Sin embargo, la autoridad optó por un camino distinto, abriendo dudas sobre la juridicidad y la transparencia de este acuerdo.
Como miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones he oficiado a la Subsecretaría para que entregue explicaciones claras, y además he recurrido a la Contraloría General de la República para que determine si este convenio se ajusta a derecho o si constituye un daño fiscal encubierto.
Este no es un tema técnico ni lejano. Es un asunto ciudadano. Cada peso que no se cobra a quienes incumplen compromisos con el Estado, es un peso menos para la salud, la educación o la seguridad de la gente. Cada comuna sin conectividad es una familia que queda aislada de oportunidades.
La tecnología 5G es vital para el futuro de Chile, pero su desarrollo no puede hacerse a costa de la confianza pública ni de la igualdad ante la ley. Si una empresa promete, debe cumplir; y si incumple, debe responder íntegramente.
Chile no puede dar la señal de que hay empresas con trato preferente, mientras los ciudadanos comunes cumplen con todas sus obligaciones. Defender el patrimonio fiscal y la dignidad de las instituciones es, en definitiva, defender el derecho de la gente a un país más justo y transparente.
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