Durante las semanas previas, el Presidente José Antonio Kast y distintos ministros defendieron públicamente la actuación de Steinert, insistiendo en que había ejercido sus atribuciones dentro del marco legal. (Foto: EFE)
El intento del gobierno por bajar el perfil al caso de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no logró contener la controversia política que desató el dictamen de la Contraloría General de la República. Aunque desde el ejecutivo se habló de un «error» y de una experiencia que servirá para actuar con mayor cautela en el futuro, el organismo fiscalizador fue categórico al concluir que la exsecretaria de Estado actuó fuera del marco de sus atribuciones legales e incumplió el deber de abstención.
El pronunciamiento no solo reabrió el debate sobre la actuación de Steinert durante sus 69 días al frente del ministerio, sino que además instaló un nuevo escenario político: la posibilidad de que enfrente una acusación constitucional, transformándose en la primera exautoridad del gobierno del Presidente José Antonio Kast en enfrentar una ofensiva de ese tipo.
La idea ya comenzó a tomar fuerza en la oposición. Los diputados Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC), quienes solicitaron el pronunciamiento de Contraloría, sostuvieron que el dictamen entrega antecedentes suficientes para evaluar nuevas acciones de fiscalización política. En paralelo, la bancada socialista inició un análisis interno sobre el caso y la eventual presentación de una acusación constitucional, decisión que será discutida junto a otras fuerzas opositoras y con los integrantes de la comisión de Seguridad.
El origen de la controversia
La polémica se remonta a los primeros días de Steinert al mando del Ministerio de Seguridad. Apenas 48 horas después de asumir el cargo, firmó un oficio reservado dirigido a la Policía de Investigaciones (PDI), solicitando información detallada sobre detectives que habían participado en la investigación del denominado «Clan Chen», una causa por crimen organizado que permanecía vigente y que ella conocía por su anterior desempeño como fiscal regional de Tarapacá.
En el documento se requirieron nombres, RUT, destinos actuales, antecedentes disciplinarios y eventuales denuncias contra los funcionarios policiales involucrados en la investigación.
Para la Contraloría, esa solicitud excedía las facultades legales del Ministerio de Seguridad y podía afectar una investigación penal en desarrollo, además de configurar una infracción al deber de abstención que debía observar la entonces ministra debido a su participación previa en la causa.
La controversia aumentó luego de que la entonces subdirectora de la PDI, la prefecta general Consuelo Peña, respondiera el requerimiento y posteriormente dejara la institución. Antes de ello, Steinert sostuvo una reunión reservada con el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Aunque Cerna descartó públicamente que ese encuentro estuviera relacionado con la salida de Peña, nunca aclaró si la entonces ministra solicitó su remoción, lo que alimentó las dudas respecto de la intervención del ministerio en asuntos internos de la policía civil.
Gobierno intenta cerrar el episodio
Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es la postura que adoptó el ejecutivo tras conocerse el dictamen. Durante las semanas previas, el Presidente José Antonio Kast y distintos ministros defendieron públicamente la actuación de Steinert, insistiendo en que había ejercido sus atribuciones dentro del marco legal.
Sin embargo, el pronunciamiento de Contraloría desestimó esa interpretación.
Pese a ello, el ministro Claudio Alvarado evitó asumir responsabilidades políticas y calificó lo ocurrido como un error.
«Todos los ministros podemos cometer algún tipo de error», sostuvo, agregando que el gobierno utilizará este episodio como una referencia para actuar con mayor cuidado en materias similares.
Consultado respecto de una eventual autocrítica, el secretario de Estado reiteró que el ejecutivo mantiene una valoración positiva del trabajo desarrollado por Steinert durante su breve permanencia en el gabinete.
En la misma línea se manifestó el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien evitó profundizar sobre el contenido del dictamen y optó por enfatizar que la nueva cartera debe actuar siempre dentro del marco constitucional y legal que regula sus funciones.
Respecto de la salida de Consuelo Peña de la PDI, Arrau afirmó que el gobierno respaldará las decisiones adoptadas por la institución y recordó que el propio informe de Contraloría concluyó que el procedimiento administrativo asociado a su salida se ajustó a derecho.
La oposición endurece el tono
La lectura de la oposición es diametralmente distinta. Para quienes impulsaron la presentación ante Contraloría, el informe marca un precedente inédito respecto del actuar de un ministro de Estado.
El jefe de bancada del PS, Raúl Leiva, afirmó que no recuerda otro caso en que el órgano contralor haya establecido expresamente que un ministro actuó fuera de sus atribuciones legales e incumpliera deberes establecidos por la Constitución.
Asimismo, cuestionó que el ejecutivo intente reducir el caso a un simple error administrativo, señalando que la gravedad del dictamen exige una respuesta política proporcional.
En tanto, el diputado Patricio Pinilla sostuvo que no basta con argumentar que Steinert ya no ocupa el cargo y emplazó al gobierno a reconocer públicamente que existió un exceso en el ejercicio de sus facultades.
El parlamentario planteó además que el Congreso deberá evaluar la creación de una comisión investigadora e incluso una acusación constitucional, considerando que fue la propia Contraloría la que concluyó que la entonces ministra infringió normas constitucionales y legales.
Mientras el ejecutivo busca dar por superado el episodio, la controversia continúa escalando en el Congreso. Lo que comenzó con un oficio reservado terminó convirtiéndose en la primera gran crisis política del Ministerio de Seguridad y amenaza con transformarse en un nuevo foco de conflicto para el gobierno, justo cuando intenta consolidar la instalación de una de sus principales reformas institucionales.
